Esta mañana, el Tribunal de Justicia de la UE ha hecho pública una sentencia que deja claro que, en el caso de que un usuario sea acusado de vulnerar derechos de autor, las plataformas online no están obligadas a entregar sus direcciones IP o de e-mail ni su número de teléfono a los titulares de dichos derechos.

El origen de la publicación de dicha sentencia radica en un enfrentamiento legal -que cumple ya 6 años- entre YouTube/Google y Constantin Films, una distribuidora alemana de cine.

Precisamente YouTube es uno de las plataformas cuyos usuarios vulneran dichos derechos con mayor asiduidad, dada la gran cantidad de horas de vídeo que se suben todos los días.

Constantin Films vs YouTube

Ese fue el caso de 3 usuarios que en 2014 subieron copias de ‘Scary Movie 5’ y ‘Parker’ a sus canales de YouTube, provocando que Constantin Films, propietarios de los derechos de distribución de ambos títulos en Alemana, demandara no sólo su retirada de la plataforma, sino la entrega de los datos personales ya citados de dichos usuarios.

Google denegó esa petición de datos y el asunto terminó en los tribunales: el primero (un tribunal de distrito de Fráncfort) rechazó las demandas de Constantin Films, el segundo (un tribunal del estado federado de Hesse) ordenó entregar las direcciones de e-mail, pero no el resto de datos… de modo que un nuevo recurso derivó el caso a la Corte Federal de Justicia alemana.

Dicho tribunal puso sobre la mesa la raíz de las discrepancias de ambas partes a la hora de interpretar la ley: ¿a qué hace referencia la mención a la ‘dirección’ del infractor contemplada en la Directiva Europea de Derechos de Propiedad Intelectual?

“8.2. Los datos a los que se refiere el apartado 1 incluirán, según proceda: a) los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, suministradores y otros poseedores anteriores de las mercancías o servicios, así como de los mayoristas y minoristas destinatarios”.

La solicitud de aclaraciones de dicho tribunal alemán al de Justicia de la UE es lo que ha motivado, finalmente, la sentencia de este último aclarando que la ‘dirección’ a la que se hace referencia en la directiva es únicamente a la dirección postal de su residencia habitual, lo que viene a respaldar la postura de YouTube:

“Cuando una película se carga en una plataforma de video online sin el consentimiento del titular de los derechos de autor, la Directiva 2004/481 no obliga a las autoridades judiciales a ordenar al operador de dicha plataforma a que proporcione la dirección de correo electrónico, la dirección IP o el número de teléfono del usuario que subió la película en cuestión”.

Vía | TorrentFreak



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